Pastoral Social cuestiona la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad

"Más oportunidades que penas", plantea y propone un abordaje integral frente a la delincuencia juvenil, centrado en la educación, la contención social y políticas públicas de largo plazo.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) expresó su postura ante el debate social y político sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, al señalar que la respuesta a la inseguridad juvenil no pasa por reducir edades sino por asumir transformaciones profundas que garanticen oportunidades reales para niños, adolescentes y jóvenes.

En una declaración titulada "Más oportunidades que penas", el organismo episcopal manifiesta su cercanía y solidaridad con las víctimas de la violencia, incluidas aquellas afectadas por delitos cometidos por menores de edad, reconociendo el dolor y las heridas que estas situaciones dejan tanto en las personas como en las comunidades.

No obstante, advierte sobre el riesgo de centrar el debate únicamente en los menores, cuando los datos oficiales muestran que su participación en el total de delitos es reducida. Según estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, en 2023 los menores inculpados representaron un porcentaje bajo del total de hechos delictivos registrados en el país.

No es una solución razonable ni eficaz
El documento subraya la necesidad de ampliar las voces en la discusión pública, incorporando el aporte de profesionales de la salud mental y de la educación, cuyas miradas permiten comprender la complejidad de una problemática atravesada por múltiples factores sociales, familiares y culturales. Desde esa perspectiva, la CEPAS sostiene que la baja de la edad de imputabilidad no aparece como una solución razonable ni eficaz.

Uno de los ejes centrales del texto es la preocupación por el avance del narcotráfico y el consumo de drogas, al señalarlos como causas determinantes de la violencia que afecta especialmente a los jóvenes. En ese sentido, el organismo episcopal reclama una lucha decidida contra el narcotráfico y cuestiona que este aspecto estructural tenga escasa presencia en el debate público.

Tras interpelar a la sociedad adulta acerca de las condiciones que se ofrecen para el crecimiento de niños y adolescentes; señala la falta de oportunidades educativas, laborales y de contención social, y proponen promover una auténtica "cultura del cuidado" que asegure el desarrollo integral de cada persona.

Ante la probabilidad de una reforma legal
Ante la posibilidad de una reforma legal, el documento plantea interrogantes concretos sobre los dispositivos existentes para alojar a menores privados de libertad y las reales posibilidades de educación y reinserción social. En este marco, considera innecesario modificar la edad penal vigente para jóvenes de 16 y 17 años, aunque reclaman con urgencia un régimen penal juvenil con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza.

La declaración también pone el foco en la crisis educativa y la deserción escolar, y convoca a fortalecer las escuelas, clubes, polideportivos, capillas y espacios comunitarios, especialmente en los barrios más vulnerables. "Para un proyecto de país inclusivo -se preguntan-, ¿necesitamos más cárceles o más escuelas?"

Finalmente, el texto hace un llamado a la "grandeza política" para pensar políticas públicas sostenidas en el tiempo, alejadas de respuestas coyunturales o electorales. El compromiso, afirma, no es sólo del Estado en sus distintos niveles, sino también de dirigentes sociales, sindicales, empresarios, organizaciones religiosas y de toda la ciudadanía.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social concluye destacando a los jóvenes como motivo de esperanza, reconociendo a quienes trabajan, estudian, se solidarizan y rechazan la violencia, e invita a caminar juntos para construir un país con paz, sin exclusión y con oportunidades para todos.

El texto completo del documento, en la web de las CEPAS. +