España: la Iglesia valora el inicio de la regularización extraordinaria de migrantes

Entidades católicas destacan que la medida amplía el marco legal vigente, protege a colectivos vulnerables y reconoce el aporte social y laboral de quienes vivían sin acceso a vías formales.

Las principales entidades de la Iglesia católica en España expresaron su satisfacción por el inicio del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, al que consideran un paso significativo en favor de la justicia social, la dignidad humana y la integración.

Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) subrayaron que la medida reconoce la realidad de cientos de miles de personas que, pese a encontrarse en situación administrativa irregular, contribuyen de manera sostenida al desarrollo económico y social del país.

Las entidades eclesiales señalaron que este proceso complementa el Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024) y abre una vía específica para quienes no pueden acogerse a los mecanismos ordinarios. Entre los colectivos beneficiados se encuentran personas sin documentación suficiente, trabajadores sin contrato formal previo, solicitantes de protección internacional cuya petición fue denegada y quienes enfrentan especiales dificultades de empleabilidad debido a la edad, la discapacidad o enfermedades crónicas.

Según datos de Cáritas correspondientes a 2024, unas 550.000 personas acompañadas por la institución se encontraban en situación irregular. A su vez, el IX Informe FOESSA advierte que el 68% de los migrantes en esta condición vive en contextos de exclusión social, lo que refuerza la necesidad de medidas estructurales que garanticen derechos y oportunidades.

Cómo es el proceso de regulación
El proceso de regularización está dirigido a personas extranjeras que acrediten residencia en España anterior al 31 de diciembre de 2025 durante un período mínimo de cinco meses.

En el caso de quienes hayan solicitado protección internacional, será suficiente con que la solicitud se haya presentado antes de esa fecha. Entre los requisitos figuran no contar con antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público.

Quienes cumplan estas condiciones recibirán una autorización inicial de residencia por un año, con permiso para trabajar desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Finalizado ese plazo, deberán incorporarse a las modalidades ordinarias previstas en la normativa de extranjería, lo que permitirá una integración progresiva y estable.

El procedimiento contempla también a los hijos menores de los solicitantes, que obtendrán una autorización de residencia inicial por cinco años, reforzando así la unidad familiar como eje de la política migratoria.

La Iglesia destacó que la medida aporta seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores, contribuye a reducir la economía sumergida y combate situaciones de explotación laboral. Las organizaciones católicas subrayaron que no se trata únicamente de un trámite administrativo, sino de una respuesta ética y social a una realidad prolongada en el tiempo.

Plan gubernamental de integración
La iniciativa se enmarca en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural impulsado por el Gobierno, orientado a consolidar un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la cohesión social y la convivencia.

En este sentido, las entidades católicas recordaron que muchas personas llevan años residiendo en España sin poder regularizar su situación y con derechos fundamentales aún pendientes de reconocimiento.

La Iglesia española ha acompañado este proceso durante años, especialmente a través del respaldo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 700.000 firmas y contó con el apoyo de más de 900 organizaciones de la sociedad civil.

En diciembre de 2024, la Conferencia Episcopal Española reiteró que una regularización extraordinaria era una respuesta necesaria a una demanda social ampliamente compartida.

Finalmente, las entidades eclesiales hicieron un llamado a un consenso político amplio para que la implementación del proceso sea ágil, ordenada y con plenas garantías. Subrayaron que se trata de un gesto concreto que reconoce la aportación de las personas migrantes, protege la estabilidad de sus familias y constituye un paso firme hacia una sociedad más inclusiva, solidaria y cohesionada, donde nadie quede condenado a la invisibilidad o a la exclusión.+