El régimen ordenó a las autoridades eclesiásticas de León permanecer en las parroquias y no salir a predicar la Palabra, entre otras actividades religiosas previstas por el Año Eclesiológico.
León XIV recibió a la abogada nicaragüense Muriel Sáenz quien le entregó el informe, elaborado por la activista exiliada Martha Patricia Molina.
Desde el 2018 a la fecha se registraron 1.010 ataques a la Iglesia y 16.564 procesiones prohibidas, expone la última edición del informe 'Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?'
El antiguo colegio San José, en Jinotepe, pertenece ahora al Estado con el nombre de centro educativo ´Bismarck Martínez´, un militante sandinista asesinado en las protestas.