Abusos: Iglesia y Gobierno español firman un acuerdo para la atención a las víctimas
- 9 de enero, 2026
- Madrid (España) (AICA)
Un nuevo mecanismo, mediado por el Defensor del Pueblo, permite recibir quejas de todos los sectores de la sociedad.
El Ministerio de Justicia, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y la Conferencia Episcopal Española (CEE) firmaron un acuerdo para la atención a las víctimas de abusos sexuales.
El documento se refiere a casos que "no pasaron por el proceso judicial" y tiene un cauce propio, a través del Defensor del Pueblo, institución que protege y defiende los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.
"La Iglesia en España y el Gobierno han acordado abrir un canal a través del Defensor del Pueblo para las víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA, creada por la Iglesia", añade la CEE.
El acuerdo fue firmado por Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia; monseñor Luis Argüello, presidente de la CEE; y el padre Jesús Díaz Sariego, presidente de Confer.
"Al firmar el acuerdo, el Gobierno se comprometió, tal y como lo pidió la Iglesia, a abordar la reparación integral de los menores, víctimas de abusos sexuales, en cualquier ámbito de la vida pública", señala el comunicado del episcopado español.
Sistema de reparación integral
El sistema prevé una "reparación integral" que, además de cuestiones económicas, incluye apoyo psicológico o psiquiátrico con profesionales elegidos por la víctima, extensible a la familia, y medidas de carácter simbólico y moral.
El Gobierno acordó que las reparaciones económicas estén exentas de impuestos, en particular del impuesto sobre la renta.
Para asegurar la eficacia de la medida, la CEE y la Confer se comprometieron a garantizar el pago de las reparaciones si la diócesis o congregación responsable no lo hace en el plazo establecido.
Este sistema consensuado de reconocimiento y reparación incluirá "los criterios técnicos de la Defensoría del Pueblo, la valoración de la Comisión PRIVA, el consenso entre la Iglesia Católica y el Estado, y la participación de las víctimas".
La oficina estudiará los casos presentados y propondrá un canal de reparación, que será "estudiado y evaluado por la Comisión PRIVA".
En el proceso de toma de decisiones, si no se llega a consenso en la comisión mixta Iglesia-Estado, la resolución final recaerá en la Defensoría del Pueblo.
"El sistema establecido no se basa en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y en el acuerdo mutuo de las partes", aclara la CEE.
El nuevo mecanismo tiene una vigencia de un año (prorrogable por otro más), para "los casos que no han tenido ni pueden tener proceso judicial, ya sea por prescripción del delito o por muerte del autor".+
